América Latina tiene una tendencia muy conocida por el mundo, su fácil cambio hacia gobiernos autoritarios. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, gran parte de la región estuvo bajo dictaduras militares que prometían orden y desarrollo mientras ejecutaban censura, persecución y violencia sistemática. Chile bajo Augusto Pinochet, Argentina durante el Proceso de Reorganización Nacional o Brasil bajo la junta militar dejaron decenas de miles de desaparecidos y un trauma político que todavía condiciona la vida pública. Solo en Argentina se estima que hubo alrededor de 30.000 desaparecidos.
La transición democrática de los años ochenta y noventa fue celebrada como un cambio histórico: elecciones competitivas, nuevas constituciones y juicios a las juntas militares parecían cerrar ese ciclo autoritario. Sin embargo, aquellas democracias nacieron con instituciones débiles, alta desigualdad y escasa confianza ciudadana.
Varios informes señalan este deterioro democrático. Nicaragua, Venezuela y Cuba aparecen como países “no libres”, mientras El Salvador y México han empeorado su puntuación en los últimos cinco años. A nivel regional, más países retrocedieron en libertades políticas que los que avanzaron durante 2023.
Actualidad autoritaria
Venezuela es el caso paradigmático de continuidad autoritaria. Tras años de erosión institucional, el gobierno de Nicolás Maduro consolidó un régimen abiertamente represivo. Las elecciones presidenciales de julio de 2024 fueron calificadas como fraudulentas por observadores independientes y gobiernos democráticos. De acuerdo con el Congressional Research Service de Estados Unidos, más del 80% de las actas disponibles indicaban una victoria de la oposición, aunque el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador. A esto se suman más de 2.000 detenciones políticas tras los comicios y una investigación en curso de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Nicaragua ofrece un ejemplo aún más crudo. Daniel Ortega y Rosario Murillo han transformado al país en un sistema casi totalitario. Amnistía Internacional documentó más de 300 muertes durante la represión de las protestas de 2018 y un patrón continuo de arrestos arbitrarios, tortura y despojo de nacionalidad a opositores. Según el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. de 2023, el gobierno nicaragüense eliminó prácticamente todo el espacio cívico, clausuró más de 60 medios de comunicación y forzó al exilio a cientos de periodistas y activistas.
Autoritarsmo disfrazado
El caso de El Salvador muestra una variante distinta del autoritarismo contemporáneo. Nayib Bukele gobierna con más del 80% de popularidad, respaldado por su política de seguridad. Bajo el estado de excepción vigente desde marzo de 2022, se detuvo a más de 84.000 personas hasta 2025. Las tasas de homicidio cayeron drásticamente, pero organizaciones denuncian cientos de muertes bajo custodia estatal y la erosión del debido proceso. La pregunta persiste: ¿es la salvación de un país devastado o el precio que paga la población en derechos y garantías?
Bukele encarna un liderazgo de mano dura: mayoría legislativa, militarización de la política y reelección pese a la prohibición constitucional. Con menos crimen y más turismo, crecen también la censura, las cárceles precarias y los abusos estatales. La inseguridad ya no proviene solo de las maras, sino del propio gobierno, en un modelo que parece insostenible y que incluso plantea penas extremas para menores. Podríamos estar viendo como surgen los gobiernos autoritarios, con apoyo y aplausos.
México, sin ser una dictadura, ejemplifica el deterioro institucional. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentaron los ataques a organismos autónomos y al poder judicial. La reforma judicial de 2024, que introduce la elección popular de jueces federales, amenaza la independencia judicial y refuerza la concentración del poder ejecutivo.
El factor común
A partir de esto, es fácil preguntarse, ¿porqué es más fácil que se den gobiernos autoritarios en latinoamérica que en otras democracias?
El patrón común no es el golpismo clásico del siglo XX, sino la “autocratización por vía legal”. Líderes electos usan su legitimidad para debilitar contrapesos, controlar tribunales, hostigar a la prensa y normalizar la excepcionalidad. La historia latinoamericana demuestra que el autoritarismo rara vez irrumpe de golpe. Suelen empezar con aplausos, promesas de orden y un lenguaje que apela al pueblo contra las élites y el “viejo orden”.
No es nada nuevo, no es nada diferente. Es por esto que les invito a que no se sorprendan cuando Bukele alargue su período de gobierno, o cuando surjan más perfiles como el suyo que prometen un modelo de paz y orden para el pueblo, que resulta ser insostenible y que no pretendía más que el asentamiento prolongado del poder.
